El cartel del pollo en la R.D

Para nadie es un secreto que en el negocio de la producción de pollo hay un par de empresas que ocupan una posición dominante en el mercado, lo cual es violatorio de la Ley General de Defensa de la Competencia, No. 42-08.

Tampoco es un secreto que una de las familias más ricas del país ha entrado a este negocio por la puerta ancha, creando un oligopolio preocupante para la población consumidora de esa ave, que es la principal fuente de proteína en la dieta básica nacional, principalmente la de los pobres.

No importa que existan técnicos comprometidos en el sector oficial como lo es el Ing. Radhamés Silverio en Conaprope, tampoco importa que planifiquen adecuadamente la demanda nacional en cada época del año, si ese sector no se disciplina, y piensa que el Estado puede regularlo sólo cuando tienen problemas de sobreproducción y con el dinero del contribuyente tiene que pagar los frigoríficos para conservar esa  sobreproducción o comprarle volúmenes importantes del producto, a través de los planes sociales del gobierno “para ir en auxilio y evitar la quiebra de los pobres productores nacionales”, como se suele decir.POLLOS VIVOS POLLOS

Esto no debe ser. El Estado debe intervenir para impedir que se abuse del consumidor dominicano, cuando se produzcan situaciones de acaparamiento para manipular los precios en el mercado, como en el caso actual; como se evidencia en la venta de aves que pesan más de 5 libras.

No es posible que una sola empresa con más de 150 puestos de venta a nivel nacional publique un precio de venta y luego ofrezca el producto mucho más caro que el publicado, en violación a la Ley No. 358-05, y que haya una reacción estatal. Los productores de pollo históricamente han sido unos protegidos, no una víctima; la víctima ha sido el pueblo pobre consumidor de su producto.

Recordemos que hace un tiempo se generó tensiones entre productores de pollo, distribuidores, organizaciones de consumidores y Pro Consumidor, llegando a un feliz término, gracias a la intermediación de la Cámara de Diputados, que logró la creación de un sistema que permite transparentar costos de producción, fijar márgenes de utilidades razonables para los miembros de la cadena de distribución y establecer precios sugeridos, que permitan perseguir la especulación.

Pero ese acuerdo intersectorial e interinstitucional no tuvo el seguimiento adecuado, error que hoy de nuevo estamos pagando, se asumió como algo coyuntural y no debió ser. Esa herramienta le asigna la responsabilidad al Ministerio de Agricultura de revisar los costos de producción y establecer el precio sugerido al consumidor y no se continúo haciendo.

Si bien es cierto que el Estado en el libre mercado no puede fijar precios, existe en la experiencia comparada de otros países, como sucedió en Argentina, país en el cual el sector oficial y el sector productivo logro consensuar algunos precios de productos de primera necesidad; porque si el Estado en tiempos de dificultad le aporta y lo apoya, es entendible que en algún momento el sector productivo tenga que ceder, facilitando que el producto llegue oportuno, suficiente y a precio justo al consumidor final.

El aumento del pollo es injustificado en estos momentos, pues los commodities que se usan para “ensamblar” el pollo en el país, básicamente maíz y soya, registran los niveles más bajos de los últimos años, por lo que no hay otro elemento que no sea el móvil de la especulación, por parte de un cartel que en modo alguno puede justificar ese aumento de precio.

Parece que el cartel del pollo ha logrado convencer a las autoridades de que les consientan marcar márgenes de utilidades que le permita recuperarse de “supuestas pérdidas anteriores”, lo que representa una complicidad del regulador estatal en perjuicio del consumidor final.

Sin embargo, es función primordial del Estado poner el interés general por encima del particular, y al ciudadano, en este caso a las personas consumidoras, en el centro de las políticas públicas y ¡haremos patria!

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